El Decreto 230/26, mediante el cual el Gobierno de la Ciudad obliga a garantizar una cobertura mínima del 75% en la recolección de residuos y del 50% en el transporte durante medidas de fuerza, no puede ser leído únicamente como una regulación técnica del funcionamiento urbano. Forma parte de una gramática política más amplia que la gestión de Jorge Macri viene construyendo desde su llegada al gobierno: la producción sistemática de un "otro" problemático, sospechoso o directamente peligroso para la vida urbana.
Desde esta perspectiva, el trabajador organizado comienza a ocupar un lugar similar al que ya ocuparon los manteros, los trapitos, las personas en situación de calle, los migrantes, los habitantes de villas o los cartoneros: deja de ser concebido como sujeto de derechos para convertirse en un potencial perturbador del orden. La huelga —herramienta histórica del movimiento obrero y derecho protegido constitucionalmente— aparece resignificada como una amenaza contra "los vecinos", la circulación, la limpieza o la tranquilidad urbana. Así, la Ciudad deja de estar habitada por ciudadanos con intereses en conflicto para dividirse entre "vecinos de bien" y actores que alteran la normalidad.
No es casual que la palabra "orden" se haya transformado en el gran significante del macrismo porteño. En nombre del orden se desalojan ferias, se expulsan ranchadas, se cercan villas, se limita el acceso a servicios a bonaerenses y extranjeros y ahora se restringe el derecho de huelga de quienes recogen residuos o garantizan el transporte urbano. La excepción comienza a volverse regla. Cada nuevo problema social es traducido en una cuestión de control administrativo, policial o disciplinario. La política deja lugar a la gestión del riesgo y el conflicto social se convierte en un problema de seguridad.
Pero detrás de esta retórica del orden se esconde una operación política más profunda: la de invisibilizar la enorme desigualdad social que atraviesa a la Ciudad. El problema es que la desigualdad no desaparece porque se retire a los pobres de las plazas, se expulse a los manteros de las veredas o se limite el derecho de huelga. La desigualdad sigue allí, latiendo bajo la superficie prolija de la ciudad vidriada. El orden, cuando se utiliza para ocultar las fracturas sociales en lugar de repararlas, deja de ser orden y se transforma en la coartada de los poderosos para conservar sus privilegios. Es como construir una ciudad sobre una grieta y luego cubrirla con baldosas impecables: durante un tiempo la superficie parece perfecta, pero la fractura continúa creciendo por debajo hasta terminar resquebrajando todo el suelo. Ninguna sociedad puede sostener indefinidamente un orden construido sobre la negación de sus propias desigualdades.
Que esta lógica haya comenzado a alcanzar también a los trabajadores formales y a sus organizaciones sindicales no es un dato menor. Durante años, la figura del "otro peligroso" estuvo asociada a los márgenes urbanos: el cartonero, el mantero, el migrante, el habitante de la villa o la persona en situación de calle. Hoy, la extensión de esa sospecha hacia quienes poseen empleo registrado, representación sindical y derechos reconocidos revela algo más profundo: que la crisis social y la desigualdad han dejado de ser un problema confinado a las periferias. Cuando incluso la huelga de trabajadores formales comienza a ser presentada como una amenaza al orden, lo que aparece no es sólo un endurecimiento gubernamental, sino el reconocimiento implícito de que las tensiones sociales atraviesan ya a toda la estructura social. El conflicto deja de ser una anomalía de los márgenes para convertirse en una característica constitutiva de la sociedad contemporánea. Y frente a ello, la respuesta del poder no parece orientarse a reducir las desigualdades, sino a administrar sus consecuencias mediante mayores dosis de control y disciplinamiento.
El resultado es la consolidación de un urbanismo moral: una ciudad pensada para el consumidor, el propietario, el turista y el contribuyente formal, donde toda expresión visible de la pobreza, del trabajo informal o de la protesta colectiva resulta incómoda. El cartonero, el mantero o el trabajador que hace huelga no aparecen como consecuencia de profundas desigualdades sociales, sino como anomalías que deben ser administradas, desplazadas o disciplinadas. El ideal implícito es el de una ciudad limpia, silenciosa y previsible; una ciudad sin conflicto y, por lo tanto, una ciudad cada vez menos democrática.
Quizás la gran ironía de estos gobiernos que se autoproclaman defensores irrestrictos de la libertad sea que, para preservar la libertad de algunos —la de circular sin molestias, consumir sin interrupciones o no encontrarse con la pobreza—, necesitan restringir las libertades de otros. Porque, al parecer, en la Ciudad del orden, la libertad termina donde empieza el derecho de los trabajadores a organizarse, protestar y hacerse visibles. Y una democracia donde el conflicto social sólo puede expresarse si no incomoda demasiado a los sectores acomodados corre el riesgo de convertirse, lentamente, en una democracia sin pueblo.
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