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Puro plástico: una ley que recicla privilegios y descarta personas. Crítica a la Ley de Envases impulsada por La Libertad Avanza

🧾 Meta descripción:

Una mirada crítica, ambiental y social sobre el proyecto de ley de envases presentado por La Libertad Avanza. ¿Qué se recicla y qué se descarta realmente?



Alejandro Gianni
Secretario de Ambiente – CTA de los Trabajadores


¿Una ley de envases o una trampa con perfume verde?

Argentina necesita con urgencia una ley nacional que regule el ciclo de vida de los envases post consumo. Hasta ahí, nada para objetar. Pero cuando esa ley viene impulsada por quienes desfinancian al Estado, atacan derechos laborales y promueven la mercantilización de todo, conviene mirar con lupa.

La crisis de los envases post consumo no se limita a la acumulación de residuos: tiene implicancias directas sobre la salud pública, contamina ecosistemas y agrava la crisis climática. El modelo económico lineal de "tomar, usar y desechar" ha demostrado ser insostenible, generando volúmenes crecientes de residuos que colapsan los sistemas de disposición final y desperdician recursos valiosos.

El proyecto 1059-D-2025, presentado por el espacio de La Libertad Avanza, habla de sustentabilidad, reciclaje y economía circular. Pero detrás de la retórica verde se esconde otra cosa: una avanzada privatizadora, funcional a los intereses corporativos y profundamente excluyente para quienes hoy sostienen la gestión real de residuos en el país.


Principios nobles, pero sin garantías

En lo formal, el proyecto parece progresista. Reconoce la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), establece jerarquías de gestión ambiental y menciona el enfoque "de la cuna a la cuna". Incluso permite sistemas colectivos de recuperación.

Pero una lectura atenta muestra que todo esto es más un envoltorio que contenido real. No se garantizan derechos, ni participación de recicladores, ni fondos concretos. Las empresas diseñarían, administrarían y controlarían sus propios sistemas de gestión. ¿Autocontrol ambiental? Puro plástico.


¿Quién gestiona y quién queda afuera?

No hay un diagnóstico ambiental serio. No se sabe cuánto se genera, ni cómo se gestiona, ni a qué actores se los reconoce. El proyecto ignora lo más evidente: miles de recicladores y recicladoras urbanos sostienen la economía circular real desde hace décadas.

Pero en lugar de fortalecerlos, la ley les ofrece una palmada en la espalda: “podrán ser incluidos”, dice, como quien deja la puerta entornada. Mientras tanto, los Sistemas Integrados de Gestión quedarían en manos de quienes siempre ganan: las grandes marcas. El reciclaje se vuelve entonces un nuevo campo de negocios, donde lo social estorba.


Metas blandas, trazabilidad difusa y ausencia estatal

El proyecto promete alcanzar un 30% de valorización en 10 años. Eso es poco, tarde y mediocre. Tampoco establece herramientas modernas: ni análisis de ciclo de vida obligatorio, ni ecoetiquetado, ni incentivos reales para reducir el uso de envases.

La trazabilidad, eje clave para el control, se deja a reglamentaciones futuras. Y el Estado, en lugar de liderar, se transforma en un árbitro mudo: no planifica, no invierte, no corrige. Eso sí, garantiza condiciones previsibles… para el mercado.


¿Qué debería contener una ley de verdad circular?

Si de verdad se quisiera construir una política ambiental y social con impacto, la ley debería:

  • Incluir de manera obligatoria a las cooperativas y recicladores organizados.

  • Crear un fondo ambiental específico, con transferencia directa para fortalecer infraestructura local y generar empleo verde.

  • Establecer metas ambiciosas y diferenciadas por tipo de material.

  • Promover la compra pública de productos reciclados.

  • Asegurar la participación en órganos de control, planificación y fiscalización.

En resumen, una ley con visión circular necesita más Estado, más justicia ambiental y más participación popular. Todo lo demás es marketing.


Conclusión: lo que se recicla y lo que se descarta

Esta ley no es inocente. Busca convertir el reciclaje en un nuevo negocio para unos pocos, mientras deja afuera a los verdaderos protagonistas de la gestión de residuos: las personas que todos los días recuperan, clasifican y sostienen con su trabajo lo que el sistema descarta.

La economía circular no se construye desde una oficina de lobby ni con eslóganes pulidos. Se construye con planificación pública, inclusión social y compromiso ecológico real.

¿Qué modelo de país queremos construir? ¿Uno que recicle materiales o uno que también recicle derechos y dignidad?




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